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El Tribunal de Estrasburgo destruye la “doctrina Parot” y confunde la jurisprudencia con norma jurídica.

Hoy 21 de Octubre el Tribunal de Estrasburgo ha dictado sentencia en la que declara que la “doctrina Parot” es contraria al art. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que proclama el principio de “no hay pena sin ley” y al art. 5 del mismo texto que reconoce el “derecho a la libertad y a la seguridad”.

Como es bien conocido el anterior Código Penal del año 73 establecía en su art. 100 la redención de penas por el trabajo, de tal forma que al recluso se le abonaba un día de libertad por cada dos días de trabajo. Por otro lado el art. 70.2 establecía, entre otros, un límite máximo de cumplimiento de condena de 30 años, limitación que se aplicaría aunque las penas se hubiesen impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión, pudieran haberse enjuiciado en un solo.

A la etarra Inés del Río se le reconoció una redención de nueve años por el trabajo realizado en prisión.

Partiendo de esto el Tribunal de Estrasburgo analiza en su sentencia la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo español de los mencionados artículos. Así en sentencia de 8 de marzo de 1994 nuestro Tribunal Supremo declaró que el límite de 30 años previsto en el art. 70.2 debía interpretarse como “una pena nueva y autónoma”, sobre la cual debería aplicarse las redenciones de pena. Este criterio fue modificado en sentencia de 28 de febrero de 2006 en la que nació “la doctrina Parot”, en esta resolución el Tribunal Supremo afirmó que el límite de 30 años no es una pena nueva, sino el límite máximo de cumplimiento, por lo que la redención debía de aplicarse sobre cada una de las penas impuestas de forma separada y no sobre el límite de 30 años.

Partiendo de esto el Tribunal de Estrasburgo acoge las pretensiones de Inés Del Río, en primer lugar por aplicación del art. 7 del Convenio que establece el principio de no hay pena sin ley, de esta forma el Tribunal lo primero que hace es distinguir entre lo que se denomina “alcance de la pena “ y “modalidades de la pena”, de tal manera que “el alcance de la pena” entra dentro de la esfera del art. 7 del Convenio. Según el Tribunal la “doctrina Parot” influye en el alcance de la pena y por tanto entra dentro de la esfera del artículo 7, a esto habría que sumarle el hecho de que cuando Inés del Río fue condenada no podía prever este cambio de criterio del Tribunal Supremo. En definitiva viene a decir la sentencia que no puede aplicarse retroactivamente la “doctrina Parot “ porque es desfavorable para la condenada e infringe el principio de “no hay pena sin ley”.

En nuestra opinión la postura del Tribunal de Estrasburgo es claramente errónea, en primer lugar, debe quedar claro que la “doctrina Parot” no es más que una interpretación que en su día hizo el Tribunal Supremo al resolver un recurso de casación interpuesto por el terrorista Henri Parot contra un auto de la Audiencia Nacional que le acumuló todas sus condenas en dos grupos, sentencia que estimó el recurso en el sentido de acumularlas en un solo grupo, si bien mantuvo que los beneficios penitenciarios se deben aplicar sobre cada condena individual y no sobre el límite de 30 años. Pues bien, esta interpretación del Tribunal Supremo que aplica el Código Penal de 1973, no es fuente de Derecho. Ciertamente el art. 9.3 de la Constitución establece que se garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. A este respecto conviene recordar que el art. 1.1 del Código Civil establece que “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”, a estas debe sumarse la Constitución y las normas de rango reglamentario por mandato directo de la Constitución. También debe tenerse en cuenta que el art. 1.6 del Código Civil dice que “La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho“

Conviene recordar que el art. 7 del Convenio, titulado “no hay pena sin ley”, dice:

“1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente  no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida

2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas.”

En definitiva la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo que hace es interpretar la ley y aplicarla, pero la jurisprudencia no es ley o norma jurídica que entre dentro del ámbito del art. 9.3 de nuestra Constitución y, en nuestra opinión, del art. 7 del Convenio de Europeo de Derechos Humanos. Ya que si se considerase así y al margen de la potestad reglamentaria de las administraciones, se atentaría contra el Poder Legislativo del Estado, que es el que crea las normas jurídicas representando al pueblo soberano, por lo que esta sentencia supone un estacazo a la democracia. Por lo que no puede hablarse de la irretroactividad de una interpretación de la ley penal que hace la jurisprudencia, sino sólo de la ley en sí misma, postura abalada por el propio Tribunal Constitucional y que es conforme a nuestro Derecho. Ya que de aceptarse esto se daría el absurdo de que ningún Tribunal podría variar su interpretación de la ley ante un caso penal concreto puesto que los hechos enjuiciados siempre se habrían producido con anterioridad a la interpretación.

En segundo lugar y en cuanto a la vulneración del art. 5 del Convenio, titulado  Derecho a libertad y a la seguridad, debería correr la misma suerte porque el Tribunal parece volver a equiparar la doctrina del Tribunal Supremo con una norma jurídica y esto lo enlaza con lo imprevisible que habría sido para la condenada el cambio de criterio por parte del Tribunal Supremo. En nuestra opinión esta previsión y seguridad, a la que tendría derecho cualquier persona, ha de referirse a la ley en sí misma, pero no a la interpretación que pueda hacer un Tribunal sobre la Ley, que desde luego puede variar con el tiempo conforma a la realidad social.

No obstante la conclusión a la que sí debemos llegar es a la necesidad de que cuando se elabore una ley se haga un esfuerzo para que no queden puntos oscuros, algo que ocurre con cierta frecuencia, y de ocurrir se trate de remediar lo antes posible y no en años, como nos tiene acostumbrado Las Cortes, ya que así se evitarían situaciones como esta.

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Descienden el número de causas tramitadas en los Juzgados y Tribunales durante el segundo trimestre de 2013

Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial, el pasado viernes, se ha producido un descenso en el número de asuntos que se tramitaron en los Juzgados y Tribunales excepto en el orden de lo social que han experimentado un ascenso.

De tal manera que en el orden civil han disminuido un 4,5 %, en el penal un 0,3% y en el orden contencioso-administrativo un 8,2%. Mientras que en el orden de lo social se han incrementado en un 5,6%. Es de destacar que descendieron las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos. Produciéndose una desaceleración en el número de concursos presentados.

El número total de asuntos registrados en los órganos judiciales durante este segundo trimestre fue 2.262.200, lo cual supone un 1% menos que el del segundo trimestre de 2012.

En cuanto a materias concretas, las demandas por despido han aumentado en 39.682, es decir 6.54% más que en el primer trimestre de 2012. Las reclamaciones de cantidad también han aumentado en 40.424, lo que supone un incremento respecto al primer trimestre de 2012. En cuanto a los procedimientos monitorios se han presentado 148.125 solicitudes, lo que supone una disminución del 13,8% respecto al primer trimestre de 2012.

Respecto a las ejecuciones hipotecarias se iniciaron durante el primer trimestre de 2013 20.323, un 12,9% menos que el año anterior.

Interesante es el dato de los lanzamientos, en cuanto a los producidos en el segundo trimestre de 2013 han sido 18.077, de estos 24,8% se produjeron en Cataluña, el 13,6% en la Comunidad Valenciana, el 13% en la de Madrid y 12,7% en Andalucía. De estos lanzamientos el 36,23% derivaron de ejecuciones hipotecarias, el 58,23% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 5,54% de otras causas.

Respecto a los lanzamientos solicitados en los servicios comunes, han ascendido a 16,743, que son menos que en 2012. Según el CGPJ esta disminución se debe a la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social y la  Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Si bien en este despacho somos de la opinión de que  también hay que tener en cuenta el Real Decreto-ley 27/2012 de 15 de noviembre que aprobó con carácter urgente algunas de las medidas de la Ley 1/2013 consistente en la suspensión de lanzamiento en casos de colectivos especialmente vulnerables, empezando a desplegar sus efectos de suspensión de lanzamientos desde finales de 2012.

 En cuanto a las separaciones y divorcios del segundo trimestre de 2013 las demandas contenciosas han disminuido mientras que los procedimientos de mutuo acuerdo han aumentado. Respecto a los procedimientos sobre guarda, custodia y alimentos (que son para hijos no matrimoniales) y a los procedimientos de modificación de medidas se ha producido un aumento.

En cuanto a la Violencia de Género, en las solicitudes de órdenes de protección si comparamos el segundo trimestre de 2013 con el de 2012 parecería haberse producido un leve descenso, no obstante comparando con los trimestres anteriores al segundo de 2013 se ha producido un aumento. Sobre esto resulta interesante el informe presentado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género respecto al segundo trimestre de 2013 que puede descargarse pinchando aquí.

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Los procuradores serán agentes de la autoridad con la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los Tribunales controlarán de oficio las cláusulas abusivas en los procesos monitorios.

El pasado 3 de Mayo el Consejo de Ministros recibió informe del Ministerio de Justicia sobre el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha reforma tiene principalmente tres novedades.

La primera novedad, y con la finalidad de agilizar y dotar de mayor eficacia a los trámites procesales, consiste en incrementar las atribuciones de los procuradores. Estos profesionales son los encargados de ostentar la representación procesal de las partes en los procesos judiciales así como de efectuar las correspondientes notificaciones. Con esta reforma lo que se pretende es que el ciudadano que sea parte en un proceso judicial decida si los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución final del proceso sean o no asumidos por el procurador que ostente su representación. De tal manera que en caso de que lo asuma, el procurador, a costa de la parte que representa, tendrá que encargarse de estas diligencias bajo las órdenes del Secretario Judicial. En caso de que la parte interesada no decida quién debe encargarse de estas actuaciones, serán asumidas por la Administración de Justicia.

En conclusión, quien tenga recursos económicos podrá encomendar estas actuaciones a su procurador y obtener agilidad en la tramitación del proceso, algo que sin duda le será beneficioso si es la parte actora, dada la lentitud con la que actúa la Administración de Justicia. Por otro lado, si un gran número de demandantes en un proceso se acogiese a esta modalidad, podría descargar trabajo a la Administración de Justicia y así suponer un beneficio para todos, algo tal vez dudoso pero que estará por ver.

Las funciones que podrían asumir los procuradores según este anteproyecto serían:

– Los actos de comunicación.

– Realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes.

– Hacer requerimientos de pago en el domicilio del ejecutado o donde pueda ser encontrado.

– Encargarse del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados a través de los Colegios de Procuradores de acuerdo con las directrices que imparta el Secretario Judicial.

– Podrían ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.

Estas actuaciones que asuma el procurador serán consideradas como función pública, de tal manera que el procurador tendrá la condición de agente de la autoridad en el ejercicio de las mismas. La consecuencia que esto tiene es que si actualmente los procuradores pueden realizar notificaciones en el domicilio del destinatario acompañados de dos testigos, con esta reforma yo no será necesario. Por lo que la notificación que haga el procurador producirá plenos efectos aunque el destinatario se niegue a recibirla.

Las otras novedades que trae esta reforma son en el ámbito del juicio verbal y el proceso monitorio.

Actualmente en los juicios verbales regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil la contestación de la demanda se hace de forma oral en el acto del juicio, salvo en los procesos de familia que se hace por escrito. Con esta reforma se pretende que la contestación de la demanda se haga por escrito, incluso se da la oportunidad a las partes para que renuncien a la celebración de la vista, permitiendo así la agilización del procedimiento, algo que ya se hizo en el procedimiento equivalente propio de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

En cuanto al proceso monitorio se establece un filtro por el cual el Tribunal podrá declarar de oficio, previa audiencia de las partes, el carácter abusivo de alguna cláusula del contrato suscrito por las partes, de tal forma que podrá declarar la improcedencia de la petición de proceso monitorio o acordar su continuación pero sin tener en cuenta la cláusula declarada abusiva.

Puede descargarse el anteproyecto pinchando aquí.

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El Tribunal de Justicia de la UE declara contrario al Derecho de la Unión algunos aspectos del procedimiento de ejecución hipotecaria español

El 14 de Marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en la que declara que el procedimiento de ejecución hipotecaria regulado en los arts. 681 y siguientes es contrario a la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de Abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Este procedimiento ante Tribunal de Justicia fue instado por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona.

Para comprender bien la sentencia conviene saber que el proceso de ejecución hipotecaria en España es un proceso especial que sólo admite unas causas de suspensión y oposición muy tasadas y limitadas por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Como causa de suspensión sólo se admite en dos supuestos: la tercería de dominio y la prejudicialidad penal.

En cuanto a las causas de oposición, el art. 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo admite dos causas materiales: la extinción de la garantía o de la obligación garantizada, y error en la determinación de la cantidad exigible por la entidad bancaria. No obstante también sería posible alegar causas de oposición de naturaleza formal o por defectos procesales (art. 559 LEC) o impugnación de infracciones legales (art. 562 LEC). De hecho se observa que han crecido en estos procedimientos las causas de oposición por la falta de representación de las entidades bancarias demandantes y ello es debido por lo siguiente: muchas entidades bancarias han sido absorbidas por otras, esto ha hecho que miles de créditos hayan sido cedidos a otras entidades, que se convierten en las nuevas demandantes ante los incumplimientos de los hipotecados. El art. 149 de la Ley Hipotecaria obliga a que la cesión de los títulos se haga en escritura pública y se inscriba en el Registro de la Propiedad, pero en la práctica como se han producido cesiones de entidades bancarias a otras en masa, esto ha hecho que no se inscriban las cesiones conforme el art. 149 de la Ley Hipotecaria debido a la dificultad que comporta para las entidades bancarias. Y claro al no cumplirse con este requisito los Juzgados vienen a archivar estos procedimientos indicando a los ejecutantes que utilicen el procedimiento declarativo civil y no el especial de ejecución hipotecaria.

Fuera de estos casos no se permite ninguna causa de oposición más en este tipo de procedimiento, la causa que muchas veces se quiere alegar por los afectados (y que no se admite a trámite por los Juzgados) es la del carácter abusivo de los intereses de demora que puede llegar incluso al 20 % o más, algo que es desde luego abusivo. Desgraciadamente esto no es una causa de oposición admitida para el procedimiento de ejecución hipotecaria y con la ley en la mano estaríamos obligados a acudir a un procedimiento declarativo civil para obtener el reconocimiento de este carácter abusivo, procedimiento lento que podría llegar a resolverse con posterioridad a la resolución de la ejecución hipotecaria.

Pues bien, es en este punto donde entra en juego la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara que es contrario a la Directiva 93/13/CEE el hecho de no poder formular como causa de oposición el carácter abusivo de una cláusula contractual en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, o bien, que en caso de que además de haber un procedimiento de ejecución hipotecaria haya también un procedimiento declarativo civil sobre el carácter abusivo de una cláusula, no pueda en este último adoptarse como medida cautelar la suspensión de la tramitación de la ejecución hipotecaria hasta que se resuelva el mencionado procedimiento declarativo civil.

Creemos que esta sentencia pone las cosas un poco en su sitio porque verdaderamente los contratos de hipoteca son contratos de adhesión dirigidos a los consumidores, en los cuales se les impone unos intereses de demora realmente altos. Sin tener éstos apenas margen de maniobra para negociar con las entidades bancarias. No debemos olvidar que estamos hablando del derecho a tener una vivienda proclamado en el art. 47 de la Constitución. Que no significa que se tengan que regalar las casas pero si debe de haber una protección del consumidor ante estas situaciones. Por otro lado, existe el problema que si se debe suspender la tramitación de una ejecución hipotecaria hasta que se resuelva el procedimiento declarativo civil, esto supondría un enorme retraso de la resolución de la ejecución hipotecaria debido al atasco de los Juzgados, que en algunos casos, es verdaderamente escandaloso. Por lo que lo deseable sería que el carácter abusivo de una cláusula contractual fuese ventilado en el mismo procedimiento de ejecución hipotecaria, así que el art. 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debería ser objeto de revisión, si bien debería de poderse invocar la directiva mencionada.

 Pinche aquí para leer la sentencia.

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Sonia Gumpert nueva Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

En el día de hoy la abogada Doña Sonia Gumpert tomó posesión de su cargo como Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en un acto que se celebró en la sede del Colegio. Al acto acudieron diversas personalidades, entre ellos, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Presidente de la Audiencia Nacional, el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y la exPresidenta de la Comunidad de Madrid Doña Esperanza Aguirre.

El proceso electoral, por el cual fue elegida la nueva Decana Sonia Gumpert, estuvo cargado de fuerte polémica debido a la intervención de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tras finalizar los comicios en el Palacio de Congresos de Madrid.

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Aprobados por los jueces de familia de la Comunidad de Madrid los Criterios Interpretativos de la Ley de Tasas

Aprobados por los jueces de familia de la Comunidad de Madrid los Criterios Interpretativos de la Ley de Tasas
22 diciembre, 2012

El pasado día 21 de diciembre de 2012 los Magistrados de las Secciones nº 22 y nº 24 de la Audiencia Provincial de Madrid y los Jueces y Secretarios Judiciales de los Juzgados de Familia de Madrid aprobaron unos Criterios Interpretativos, de la Ley 10/2012 (Ley de tasas), en relación con el devengo d[wpbp_blocks columns=»2″]e la tasa en los asuntos de la competencia de los Juzgados de Familia. Dichos criterios son:

1º.- En los procesos matrimoniales contenciosos (separación, divorcio, nulidad y modificación de medidas) sustanciados por los trámites del juicio verbal especial regulado en los artículos 753 y 770 de la LEC, se devengará tasa, excepto en los supuestos en que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre hijos menores, incapacitados o ausentes.

Si en dichos procesos se solicitare la adopción de otras medidas que el juez no pueda acordar de oficio, se devengará la tasa correspondiente.

Se devengará tasa en los procesos matrimoniales aunque no existan hijos comunes y no se solicite la adopción de medidas definitivas complementarias.

2º.- A los efectos prevenidos en el artículo 8.2, párrafo 2º de la Ley 10/2012, cuando se ejerciten en el mismo proceso pretensiones no sujetas a tasa y otras que sí lo estén, y no se acompañe al escrito de demanda o reconvención el justificante de autoliquidación de la tasa, el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte o, en el plazo a tal fin concedido, presente escrito excluyendo del objeto del proceso las pretensiones sujetas a tasa, con las consecuencias previstas en dicho precepto.

3º- En los procesos de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas del artículo 778 de la LEC, y en los procedimientos de exequatur, no se devengará tasa alguna.

De solicitarse la adopción o modificación de medidas se devengará o no la tasa aplicando los parámetros señalados en el criterio 1º.4º.- La demanda de medidas provisionales previas del artículo 771 y la solicitud de medidas provisionales coetáneas del artículo 773, ambos de la LEC, no devengarán tasa en ningún caso por no tratarse de juicios verbales.

Tampoco devengan tasa la solicitud de las medidas cautelares del artículo 158 del Cc., ni los procedimientos del artículo 156 del mismo cuerpo legal, ni los procesos regulados en los artículos 779 a 781 de la LEC, ni los juicios verbales de reclamación de visitas por abuelos u otros parientes o allegados.

5º.- Los procesos contenciosos a que se refiere el artículo 748.4º de la LEC, que versen exclusivamente sobre relaciones paterno filiales, están excluidos del devengo de la tasa. Si en los mismos se ejercitasen, por el actor o el demandado, pretensiones de carácter dispositivo, será de aplicación lo establecido en el criterio 2º.

6º.- Los procesos consensuales tramitados conforme al artículo 777 de la LEC, sean matrimoniales o de relaciones paterno filiales, no devengan tasa en ningún caso.

7º.- Las demandas ejecutivas de sentencias o autos dictados por los juzgados de familia no devengan tasa.

8º.- La oposición a la ejecución en los procesos de familia no devengará tasa para el ejecutado en los casos en que la presentación de la demanda inicial del proceso o la formulación de reconvención hubieren quedado objetivamente exentos del pago de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, es decir, aquellos en que la oposición se refiera, exclusivamente, a medidas relativas a hijos menores.

9º.- Devengo de la tasa en el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial.

a) La solicitud de formación de inventario a que se refiere el artículo 808.1 de la LEC dará lugar al devengo de la tasa.

Cuando proceda la tramitación del juicio verbal previsto en el artículo 809.2 de la LEC, se exigirá el pago de la tasa al demandado si el mismo, en la comparecencia ante el Secretario Judicial, además de oponerse a la inclusión en el activo o pasivo de todas o alguna de las partidas cuya inclusión pretenda el actor, pretendiese, con la oposición de éste, incluir en el activo o pasivo nuevas partidas.

En este caso, se considerará al demandado reconviniente y deberá abonar la tasa correspondiente a la reconvención formulada.

b) La solicitud de liquidación a que se refiere el artículo 810.2 de la LEC devengará tasa.

Cuando proceda la apertura del juicio verbal a que se refiere el artículo 787.5 de la LEC, se exigirá el pago de la tasa al demandado cuando el mismo formule oposición a la aprobación de las operaciones divisorias del contador-partidor.

No se devengará, en cambio, tasa alguna para el actor, por el hecho de oponerse a las operaciones divisorias.

10º.- A efectos de determinar si se produce o no el devengo de la tasa por la interposición del recurso de apelación, en los supuestos de mayoría de edad sobrevenida de los hijos en el curso del proceso, la edad a tener en cuenta será la que tuvieren tales hijos en el momento de dictarse la sentencia de primera instancia.

11º.- La interposición de los recursos de apelación y casación no devengará tasa cuando, a través de los mismos, con independencia de lo que se haya debatido en primera o segunda instancia, se impugnen exclusivamente medidas relativas a hijos menores, devengándose, por el contrario, la tasa cuando la impugnación se refiera tan sólo a medidas de naturaleza disponible, o afecte, además, a otras medidas susceptibles de pronunciamientos de oficio.

Ha de tenerse en cuenta al respecto que, según consulta vinculante evacuada por la Dirección General de Tributos con fecha 3 de diciembre de 2012, está exenta de la tasa la interposición de recursos de apelación o casación contra los autos, ya que “la prohibición de la analogía en el ámbito tributario impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que considera hecho imponible de la tasa “la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo”, a los supuestos de Autos, sino exclusivamente a sentencias.

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